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El plan del Gobierno para la deuda no es sustentable


El último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano analiza los números del plan de sustentabilidad de la deuda que presentó el ministro Martín Guzmán a los acreedores externos.

“La deuda actual requeriría de un financiamiento de unos 300.000 millones de dólares entre 2020 y 2023, un guarismo claramente inalcanzable en las actuales circunstancias. El pago de intereses significó ya en 2019 un 18,4% de los ingresos del gobierno central, siendo que entre 2003 y 2016 se había mantenido por debajo del 10%”, subraya Víctor Beker, director del CENE en el reporte.

“El gobierno considera que no es posible plantearse un objetivo de resultado primario superior al 1,2% del PBI y una tasa de crecimiento anual superior al 2% anual. Las proyecciones suponen un superávit fiscal a partir de 2021, lo cual habilitaría el inicio de pagos de la deuda a partir de dicho año”, continúa el economista.

“Sin embargo, dichas proyecciones fueron realizadas antes del estallido de la pandemia del COVID-19. Sus consecuencias en lo inmediato, con la caída de los ingresos fiscales y el aumento del gasto público, obligan a rever lo previsto para 2021”, señala.

“El total de la deuda en manos de acreedores privados es de 83.000 millones de dólares, que es lo que está sujeto a renegociación con vistas a alcanzar una propuesta compatible con aquellas proyecciones. En cuanto a la deuda intra-sector público, que totaliza 130.000 millones de dólares, se prevé su total refinanciación, de modo que el BCRA, la ANSES y el BNA no podrán disponer de dichas acreencias. Finalmente, la deuda con el FMI y otros organismos internacionales, por cerca de 75.000 millones de dólares, sería el objeto de otra renegociación, una vez concluido el acuerdo con los acreedores privados”, augura el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.

Peligro de desabastecimiento
El CENE sostiene que la pandemia del coronavirus COVID-19 “pone en riesgo el funcionamiento del aparato económico y, por ende, el abastecimiento de la población”. Agrega que “las autoridades deben moverse a través de un estrecho desfiladero entre evitar el contagio, por un lado, e impedir la parálisis económica, por el otro”.

“La primera prioridad es tener en claro que estamos en guerra. Por lo tanto, se trata de poner en marcha una economía de guerra. La economía debe estar al servicio de derrotar la pandemia, minimizar las pérdidas de vidas humanas y asegurar el abastecimiento de alimentos y medicamentos para toda la población”, subraya Beker.

“El cierre forzoso de actividades aéreas, turísticas, hoteleras, gastronómicas, de espectáculos públicos, etc. requiere de una compensación económica que asegure el pago de salarios en dichos sectores para que la rueda de la economía siga girando. En el resto, debe asegurarse el normal funcionamiento con el menor riesgo posible para los trabajadores, explotando al máximo las posibilidades que ofrecen el teletrabajo y la telemedicina”, continúa.

“Un capítulo en particular lo ocupa la economía informal, que abarca el 35% de la población económicamente activa, que no recibe un sueldo en blanco y no está bancarizada. Atender los requerimientos de este sector es imperioso para evitar que la crisis sanitaria se convierta en crisis social”, insiste el economista.

Pero puntualiza que hay un peligro mayor que la pandemia: el desabastecimiento. “El argumento de que la falta de productos se resuelve sola, ya que la escasez genera aumento de precio, provocando que se incremente la producción y equilibre la demanda, es absurdo y peligroso. A título de ejemplo, no podemos esperar que el alcohol en gel se venda a 1.000 pesos para que la oferta iguale a la demanda, porque a ese precio la mayoría dejará de utilizarlo. Se habrá equilibrado el mercado, pero se pondrá en serio riesgo la salud pública”, enfatiza.

“También habrá que ver cómo se aumenta la capacidad instalada de aquellos productos cuya demanda se incrementa por efecto de la pandemia y sus consecuencias. Por ejemplo, la producción de respiradores, tan necesarios para el sistema hospitalario. El mismo criterio debería aplicarse al interior del Estado, trasladando personal hacia las áreas prioritarias. Todos los esfuerzos deben estar al servicio de ganar esta guerra con la menor cantidad de bajas posible”, completa el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.

Es imposible bajar la inflación
“En la Argentina, las expectativas de alzas de precios dependen de la inflación pasada. Este elemento fue identificado por el gobierno como el principal responsable de los aumentos. Por ello, optó por congelar tarifas y combustibles y ralentizar el tipo de cambio. Pero sin desindexar la economía, no puede eliminarse la inflación. Existen miles de precios de bienes finales e insumos que periódicamente se ajustan en base a la inflación pasada. Esta inercia genera un piso para los aumentos de precios”, observa el director del CENE.

“Sólo uno de esos precios es el de los salarios. En noviembre y diciembre de 2019, según los últimos datos disponibles, el índice total de salarios creció un 5%, impactando sobre lo costos de las empresas, que los trasladan a los precios. Esto genera demandas de aumentos salariales y así se retroalimenta la espiral, que sólo puede cortarse merced a un acuerdo de precios y salarios. Pero este acuerdo sólo será efectivo si va acompañado de una emisión monetaria ajustada a la meta de inflación”, continúa el economista.

“Entre el 10 de diciembre de 2019 e igual día de febrero pasado, la base monetaria creció un 10,7%, es decir a un ritmo del 5,2% mensual. Ello equivale a un 84% anual, casi el doble de la inflación de 2019. Es evidente que un crecimiento monetario de 84% anual es incompatible con cualquier objetivo de reducir la inflación”, señala Beker.

“Los datos de enero último indican que, por cada 100 pesos de gasto público, el erario recaudó sólo 81. Mientras no se cierre esta brecha, la presión sobre el Banco Central para cubrirla hará que continúe la dominancia fiscal sobre la política monetaria y que ésta no pueda cumplir un rol antiinflacionario”, asegura el experto.


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