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SECCION NOTA DE TAPA: COVID-19
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"El COVID-19 ha sido letal para los biocombustibles"


El autor de esta nota sugiere que la crisis sanitaria generada por la pandemia ha sido letal para la industria, ya que no solo generó una fuerte caída de demanda por parte de los consumidores de combustibles nacionales e internacionales, sino que además, "las compañías refinadoras de petróleo, obligadas por ley a incorporar biocombustibles a las mezclas, redujeron los cortes mínimos en vigencia de una manera arbitraria"

El cambio climático por calentamiento atmosférico es la principal preocupación en materia ambiental que enfrenta la humanidad. Como consecuencia de dicha mutación, se registran fenómenos climáticos extremos, sean estas, inundaciones o sequías inéditas en diversas regiones del planeta, que a la postre llevan a cambios estructurales en la geografía agrícola. Un ejemplo de ello es la desaparición de viñedos en regiones históricas y el surgimiento de otros en zonas donde hace treinta años era impensado producir vids.

En diciembre de 2015, ciento noventa y cinco de los ciento noventa y siete países que pertenecen a las Naciones Unidas, en el marco de la XXI Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada en París, Francia, acordaron contener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2ºC respecto a los registros de la era preindustrial. El denominado “Acuerdo de París” fue un hecho histórico: Tanto las naciones desarrolladas como los países en desarrollo se comprometieron a gestionar la transición hacia una economía baja en carbono y por primera vez los compromisos asumidos por las naciones fueron vinculantes, es decir, que, de no cumplirse, podrían enfrentar procesos judiciales. Argentina, a través de su canciller en ese momento, Susana Malcorra, ratificó la firma del acuerdo el 22 de abril de 2016 durante la celebración llevada a cabo por el Día de la Tierra en Nueva York, EE.UU. Nuestro país se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en 18% sobre los valores de 2005 de forma incondicional, y 37% de manera condicional, siempre y cuando reciba ayuda financiera para atender las reformas respectivas. La Ley 27.270 ratificó ese acuerdo en Argentina.

En este contexto, se ha acelerado el desarrollo de la economía. Nicholas Georgescu-Roegen, padre de la bioeconomía sostenía en su obra de 1970/1971, “La ley de la entropía y el proceso económico”: El crecimiento económico no es la solución a los problemas económicos, y es la principal causa del problema ambiental: «Es imposible un crecimiento exponencial indefinido en un medio ambiente que es finito».

Transcurridas casi cinco décadas desde aquel momento, resulta más actual que nunca esa sentencia.

A continuación, se presenta un gráfico que nos muestra el crecimiento exponencial que el mundo se registra con las emisiones de gases efecto invernadero:

Prensa Energética Fuente: Manicore, Jean-Marc Jancovici

Seguidamente se expone otro gráfico representativo de la contribución sectorial a las emisiones mundiales de gases efecto invernadero:

Prensa Energética Fuente: Manicore, Jean-Marc Jancovici


Sincrónicamente con los problemas asociados a las emisiones de gases efecto invernadero, se presentan los problemas que genera en la salud pública, la quema de combustibles minerales, principalmente por el efecto nocivo del material particulado liberado. Ello está acelerando en varios países importantes del mundo, la puesta en vigencia de normativas restrictivas, que prohíben en el largo plazo el uso de algunos de aquellos combustibles.

A pesar de todas las evidencias existentes respecto de las externalidades negativas para el ambiente y la salud derivados del uso intensivo de combustibles minerales, existen enormes resistencias de parte de los agentes económicos vinculados a la cadena de valor de los hidrocarburos y también, aunque en menor medida, a la cadena de valor automotriz, --que ven peligrar su posicionamiento actual- para impedir que avancen las legislaciones restrictivas respectivas, desconociendo la existencia y consolidación de un nuevo paradigma energético.

Esas resistencias en Argentina son muy fuertes y jaquean la sostenibilidad del Programa Nacional de Biocombustibles que se encuentra vigente. Se hacen más notorias en momentos como el actual, donde se presentan grandes desafíos para la economía global.

La Ley 26.093 fue sancionada en 2006, reglamentada en 2007 y regula la producción, comercialización y uso sustentable de biocombustibles en Argentina, con una vigencia de quince años desde su promulgación. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de extender esa vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, computando los quince años de vigencia, desde la entrada en vigencia del mandato de uso de biocombustibles, ocurrido a principios de 2010. Recordemos que los artículos 7 y 8 de esta ley, establecieron que el gasoil y la nafta comercializado en Argentina, deberán contener un mínimo de 5 % de biodiesel y bioetanol respectivamente; posteriormente el Poder Ejecutivo fue ampliando esa obligación, para extender el contenido mínimo de biocombustibles en las mezclas, a un 10 y 12 % respectivamente.

En atención al avance de la ciencia y tecnología, como así también, debido a la experiencia obtenida en todos los años de vigencia de este régimen, se hace aconsejable que el Congreso de la Nación sancione una nueva ley y el Ejecutivo la promulgue.

Por otra parte, resulta fundamental que la Autoridad de Aplicación cumpla y haga cumplir la legislación en vigencia. Lamentablemente la industria de biocombustibles en Argentina sufrió constantes cambios de reglas de juego a lo largo del tiempo, fundamentalmente en el período 2016-2019, en el cual se tomaron medidas que la pusieron al borde de su desaparición. Y en el presente año, la situación de la misma se ha deteriorado aún por falta de definiciones concretas por parte de la nueva gestión oficial.

Las perspectivas de producción, ventas y exportaciones de biocombustibles para el presente año, son muy negativas, previéndose una importante caída en todos los registros, con relación a años anteriores. La crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha sido letal para la industria, ya que no solo generó una fuerte caída de demanda por parte de los consumidores de combustibles nacionales e internacionales, sino que además, las compañías refinadoras de petróleo, obligadas por ley a incorporar biocombustibles a las mezclas, redujeron los cortes mínimos en vigencia de una manera arbitraria.

Es sabido que dichas compañías, salvo excepciones, plantean su deseo de terminar con el uso mandatorio de biocombustibles en Argentina, exteriorizando fundamentos muy débiles y desconociendo los compromisos ambientales asumidos por nuestro país, entre otras cuestiones. Ellas consideran que los biocombustibles son perjudiciales para el país.

Las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación han sido significativamente perjudicadas por la emergencia sanitaria y al mismo tiempo, la expiración de la Ley 26.093 impone un horizonte muy corto para la industria local de biocombustibles que orienta sus operaciones al mercado interno. Estas limitaciones representan otro gran problema para esta industria.

Por todo lo expuesto, los biocombustibles en Argentina se enfrentan a definiciones trascendentales, a una especie de gran prueba final. Es de esperar que se pueda alcanzar en el país, un marco regulatorio superador al presente, que intensifique el uso de estos combustibles biológicos en un marco de desconcentración económica, fortaleciendo la diversificación de la matriz energética local, el desarrollo sustentable del ambiente, la minimización de los efectos nocivos producidos por la quema de combustibles minerales, un mayor agregado de valor a las materias primas agrícolas en grandes territorios de la Argentina profunda –en contra de la primarización de exportaciones y con las inversiones y empleos asociados-, y en general, la consolidación del nuevo paradigma energético que existe en el mundo, en nuestro territorio.


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