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SECCIÓN: ANÁLISIS
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PDVSA Argentina sin fondos para subsistir, se reinventa con un manual de supervivencia poco ortodoxo


PDVSA Argentina es una caja de Pandora. Todo y nada puede pasar al mismo tiempo. En los últimos 8 años han desfilado por la empresa cinco directores generales: Ángel Morales, Nelson Martínez, Miguel Tarazona, Martha Ortega y recientemente Rolando León quien ha desembarcado con su nuevo equipo en octubre de 2020.


La meta para todos ellos parece ser inalcanzable: sanear las cuentas deficitarias de la petrolera que cargan con un rojo financiero acuciante, incrementado por sus empresas subsidiarias, Petrolera del Cono Sur (PCSA) y Fluvialba.

El panorama es desolador: los juicios laborales se amontonan mes a mes por salarios caídos, intimaciones de la AFIP, cuentas bancarias embargadas y bloqueadas, falta de pago a las obras sociales, cargas sociales impagas, y una fila cada vez más larga de empresas proveedoras que golpean a las puertas de las oficinas de Reconquista y MT de Alvear, mientras que los locadores ya piensan en ejecutar las garantías por alquileres impagos.

En el medio de este tembladeral financiero y administrativo ya renunciaron tres gerentes del área de Legales en apenas tres años, dos gerentes de finanzas; desaparecieron el área de Desarrollo de Nuevos Negocios y la gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales. Cada vez quedan menos argentinos en la compañía.

El bloqueo y embargo de cuentas bancarias no es de ayer, los directivos desde 2018 vienen aguzando el ingenio para mantener viva la empresa, poniendo en práctica un manual de supervivencia que incluyó astucias de todo tipo, como traer dólares en billetes en bolsos a través del ingreso de “mulas” por las distintas vías de que van desde el aeropuerto de Ezeiza hasta las fronteras terrestres con Bolivia.

De este modo, obligan a los empleados a cobrar sus haberes a través de las ventanillas de Western Union, con giros recibidos desde empresas del exterior (algunos sugieren desde Ecuador), sin ningún tipo de recibo o factura que acredite dicha operación dejando al empleado en extrema situación de vulnerabilidad frente a eventuales controles del Fisco.

Lo curioso, según trascendidos, es que este “modus operandi” no habría cambiado un ápice en los últimos dos años. No está claro si la empresa recibe préstamos internacionales ingresando divisas en moneda extranjera al país, lo que sí saben los empleados es que esas operatorias deben ajustarse a las normativas y leyes vigentes impuestas por el Banco Central, por lo que entienden que esa situación no se verifica.

La detención de María Palacios (empleada de PDVSA Bolivia) en enero de 2020 en el aeropuerto boliviano con un bolso con U$S 100 mil en efectivo (cuyo dinero según Palacios estaría destinado a pagar salarios y deudas en PDVSA Argentina) habría obligado a la petrolera a cortar por un tiempo con el supuesto contrabando de divisas hasta que se enfrió el escándalo mediático.

Hoy María Palacios, luego de 8 meses de detención, quedó en libertad, merced a las gestiones del gobierno de los partidarios de Evo Morales que ascendieron nuevamente al poder en las últimas elecciones presidenciales.

Esta situación, más los avatares de la pandemia, puso a la petrolera contra las cuerdas en un año muy complicado donde siguieron acumulándose deudas seguidas de ausencia de compromiso de pagos.

Orlando Montañes, contador y mano derecha de Martha Ortega, había quedado como gerente general en la filial argentina, pero no duró demasiado. Hoy ese cargo está acéfalo.

Según trascendidos, la empresa tiene vínculos muy estrechos con Franco Bindi, un abogado dueño de un estudio que estaría asesorando a la petrolera en temas jurídicos, legales y financieros.

Bindi, según una nota publicada por el diario Clarín el 14 de marzo pasado, es el mismo abogado -acusado por el fiscal Carlos Stornelli- de haber sido uno de los organizadores de la maniobra de forum shopping (elegir a un juez amigo) para que el “productor agropecuario jubilado”, Pedro Etchebest, denunciara la supuesta extorsión del falso abogado Marcelo D'Alessio ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en vez desde hacerlo, como correspondía por jurisdicción, ante la justicia porteña. "Según Stornelli, consigna textual el matutino, Bindi fue un engranaje clave del Operativo Puf y era el abogado penalista de Etchebest en una causa por reducción a la servidumbre de ciudadanos bolivianos en una plantación de kiwi. De acuerdo a la revista Noticias, Bindi habría sido el que llevó la idea de hacer una “cama” a Marcelo D'Alessio y Stornelli con su famosa reunión de Pinamar para tratar de anular la causa de los cuadernos de las coimas".

Un León en PDVSA
Tras la frustrante gestión y salida de Marta Ortega en octubre pasado, llegó para dirigir PDVSA Argentina, Rolando León, lo que supuso una bocanada de optimismo para el futuro de la empresa.

Sin embargo, ante la falta de un plan concreto, sin proyecto estratégico y sin plazos para recuperar financieramente a la compañía, continuó el extraño flujo de dólares, ampliando la modalidad de pago a los empleados a través de transferencia a cuentas para extracción por cajeros automáticos y autoservicios a algunos de los empleados considerados estratégicos para la petrolera, pero para algunos, no a todos.

Según los empleados, la operación figura como un depósito en efectivo y no como liquidación de haberes, del mismo modo -afirman- que no reconocen a las empresas que efectúan las transferencias. En situaciones normales el dinero debería salir de una cuenta de la empresa empleadora y transferirse a la cuenta sueldo del empleado.

Las fuentes afirman además, que la empresa no estaría en condiciones de demostrar el origen de esos fondos, y por su parte los empleados tampoco podrían demostrar ante el Fisco que ese dinero representa una liquidación de haberes.

Como si esto fuera poco, aparentemente, la mayoría de los empleados no firman recibos de sueldos desde mediados de 2019.

De todos modos, la gerencia de Finanzas es la que se encargaría de predefinir quienes cobran y quiénes no. Esto hace suponer que algunos empleados tienen sus sueldos al día y otros están muy atrasados. Un criterio arbitrario, pero efectivo según parece.

En octubre de 2020 obligados por un contexto de pandemia crítico y desesperante, los empleados de Petrolera de Cono Sur elevaron una carta a la dirección de RR.HH. en Caracas exponiendo una situación de abandono por parte de PDSA Argentina.

En la lista de reclamos se sumaban: la falta de ajuste salariales desde 2017; la falta de pago de remuneraciones desde el inicio de la pandemia Febrero/Marzo 2020 (7 meses en promedio para empleados de Casa Central y 11 meses en promedio para los empleados de las EESS); la falta de pago de las Cargas Sociales de los empleados desde el mes de Junio del año 2018; al igual que las Obras Sociales que se dejaron de abonar en el mes de Diciembre del año 2018 dejando a todo el plantel de empleados sin este mínimo seguro médico obligatorio durante el año 2019 y en especial el año 2020 con la pandemia a nivel mundial. Además, en esa carta, los empleados denunciaron que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) se dejó de abonar en diciembre del año 2018 y todo el personal estuvo trabajando hasta el 13 de marzo de 2020 sin tener ART vigente, y observaron un deterioro y abandono importante en las estaciones de servicio propias, tanto edilicio como de surtidores, bombas, etc. Las mismas estaban sin luz desde antes de la pandemia.

Después de esta carta, algunos empleados fueron citados en diciembre de 2020 y les fue abonado el 50% de la deuda, pero no a todos.

Fuentes vinculadas al área de la administración manifestaron que advirtieron en varias ocasiones, contratos con algunos proveedores por montos desmesurados.

Según fuentes agraviadas por los manejos financieros de la empresa, en los últimos 10 años se realizaron extrañas maniobras en el movimiento de fondos. Desde un estudio de abogados que habría cobrado sin fundamento U$S 100 mil por mes, hasta un ex presidente de la empresa devenido en consultor que habría facturado U$S 30 mil por mes y una consultora de comunicación que lo habría hecho por U$S 50 mil.

En algún momento el monto de contratos habría llegado a superar los U$S 2.5 millones por año. Algo exagerado si se tiene en cuenta el bajo perfil y el escaso giro comercial de la venezolana.

Varias son las hipótesis que se plantean en torno al futuro de PDVSA Argentina. ¿Frente al gran nivel de endeudamiento que tiene la empresa por qué ningún proveedor ha pedido la quiebra? ¿Tal vez porque muchos de esos proveedores han sobre facturado esos servicios oportunamente? Nadie tiene esa certeza.

¿Qué motiva la permanencia de PDVSA en Argentina con dos subsidiarias como Fluvialba y PECSA literalmente quebradas? ¿Por qué PDVSA Venezuela sigue girando fondos a una subsidiaria como la argentina que nunca generó ningún tipo de rentabilidad, y que hoy no tiene ninguna injerencia desde el punto de vista geopolítico?

Preguntas por ahora sin respuestas.


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