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En este año y medio restante, Javier Iguacel, flamante Ministro de Energía en reemplazo de Juan José Aranguren, tendrá que seducir a las provincias para que adhieran a la ley de generación distribuida, además de negociar el precio de los combustibles con las petroleras, resolver tarifas dolarizadas, continuar con la reducción de subsidios ahora monitoreada por FMI, estimular desarrollos en Vaca Muerta y continuar con el plan de desarrollo de energías limpias.

Javier Iguacel tiene 43 años, es ingeniero de formación petrolera. Trabajó en Pecom Energía y Pluspetrol, luego de un breve paso por YPF. Desde que asumió el Gobierno de Mauricio Macri estuvo al frente de la Agencia Nacional de Vialidad.

Con su designación se busca impulsar cambios en la política energética y lograr mayor coordinación con Jefatura de Gabinete.

Como director de Vialidad Nacional, denunció irregularidades en las contrataciones de obras públicas en la Provincia de Santa Cruz. Allí involucra al ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José López; a personal de Vialidad Provincial; al ex administrador de Vialidad Nacional, Nelson Guillermo Periotti; y al subadministrador Javier Alonso.

En teoría, sin embargo, no debería tener urgencias: está previsto que el próximo aumento de combustibles sea del 3% y se aplique desde el 1 de julio, las tarifas de Edenor y Edesur deberían recomponerse recién en agosto por índices de precios, el precio mayorista de la electricidad puede redefinirse ese mes o en noviembre, y el valor del gas en boca de pozo y los márgenes de transportistas y distribuidoras deben revisarse en octubre.

Desde el sector de los estacioneros opinan que “los principales desaciertos del ex Ministro fue haber dolarizado todos los energéticos en una economía que recién se está encauzando”.

Aseguran que el nuevo Ministro “tendrá una tarea titánica para normalizar la grave situación actual y establecer las pautas de una política energética creíble y de largo aliento” Y advierten que “los expendedores PYMES de las Estaciones de Servicio están pasando por momentos muy críticos por su baja rentabilidad y en muchos casos con rentabilidad negativa. Estimamos hoy en punto de equilibrio en una estación que solo expende combustibles líquidos entre 350.0000 y 400.000 litros mientras que para una de GNC entre 80.000 y 100.000 metros cúbicos, en ambos casos por mes”.

Es motivo de preocupación para la industria la sostenida caída de reservas hidrocarburíferas de la Argentina (de lo que da cuenta el último informe del MINEM en los últimos 10 años) así como también la baja en la producción de petróleo de larga data y el actual estancamiento de la producción de gas natural.

En el marco de la transición que atraviesa el sector hacia una recomposición de los mercados energéticos (todavía con precios y tarifas de gas y electricidad que no reflejan los costos económicos, e intermediaciones que dificultan la conformación de mercados a término), la repuesta de la industria en nuevas inversiones de exploración y recupero en los yacimientos en producción todavía es insuficiente.

La mayoría de los especialistas coincide en que los mecanismos para acreditar reservas probadas en la explotación no convencional todavía enfrentan las restricciones derivadas de la necesidad de sostener desarrollos intensivos en muchos “proyectos piloto”.

También consideran necesario implementar una auditoría de Reservas Independiente en todas la Cuencas nacionales. Sería conveniente para ello que las Provincias facilitaran mecanismos para realizar auditorías periódicas e independientes de sus recursos de hidrocarburos.

Existen muchas cuencas sub-exploradas en la Argentina. El gobierno nacional ha diseñado un plan para el off shore cuya importancia destacamos. En el on shore, el Estado nacional, como responsable de la política energética, y las Provincias, como autoridades concedentes deberían acordar mecanismos promocionales de exploración para las áreas aún no exploradas de sus respectivas jurisdicciones; se debe desalentar la retención especulativa de áreas de exploración en todas las jurisdicciones.

Está claro que el potencial hidrocaburífero del país necesita más inversiones y más actores. El desarrollo intensivo de los recursos no convencionales plantea el desarrollo de nuevas demandas en el mercado interno, en la región y en el mercado mundial, y el Estado debe actuar como catalizador en pos de esos objetivos. La intensidad del desarrollo gasífero permitirá precios más competitivos para la producción.

Por su parte el Grupo de Ex Secretarios considera que se ha avanzado positivamente en la reconfiguración de los mercados de gas y electricidad, pero señalan problemas en la articulación de mecanismos de oferta y demanda competitiva debido a la proliferación de acuerdos de compra de energía que tienen como contraparte a CAMMESA, organismo encargado de la comercialización y del despacho del mercado eléctrico.

La marginalización de los segmentos de oferta y demanda libre (no intermediada por CAMMESA) complica la estructuración de contratos a término y esa dificultad se traslada del mercado eléctrico al mercado de gas natural. Los expertos consideran además que un avance acelerado en la conformación de mercados regionales de gas y energía eléctrica contribuirá a desarrollar nuevas demandas, a destrabar restricciones presentes en la contractualización y a contar con precios más competitivos.

Para ello es clave la pronta explicitación de un “Plan Energético Estratégico orientativo” que traduzca consensos básicos y que sea actualizado y validado por el oficialismo y la oposición en la alternancia republicana del poder.


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