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PDVSA Argentina: proponen la liquidación de activos

Jaqueada por la falta de liquidez, y problemas financieros que derivaron en el cese de operaciones, directivos de la sede de la petrolera en Caracas proponen la liquidación de activos y pagar las deudas contraídas.

En un documento que lleva la firma de Pedro Rafael Tellechea, presidente de PDVSA en Caracas, Ronny Romero Vicepresidente de Asuntos Internacionales, y Anabella Rivas Gozaine, consultora jurídica de la petrolera venezolana, se solicitó la autorización para disolución y liquidación de activos de PDVSA Argentina y sus empresas mixtas.

Este informe oficial fue recibido por Tareck El Aissami, Vicepresidente Sectorial de Economía, Ministro del Poder Popular del Petróleo y Presidente de la Comisión Presidencial "Aí Rodríguez Araque"; y por y Asdrúbal Chávez, quien ejerce el cargo de Vicepresidente de dicha Comisión.

Creada en el año 2006, PDVSA Argentina apuntó al desarrollo de negocios en la región del Cono Sur bajo una visión geopolítica aliada con el entonces ex presidente Néstor Kirchner. En ese mismo año adquirió a Petrolera del Cono Sur, empresa dedicada a la comercialización de combustibles.

El pedido ya se había hecho en el año 2019, se logró suspender y en 2020 se sometió a un proceso de revaluación, pero la situación de la empresa fue cada año más crítica.

En 2010 PDVSA Argentina adquirió como empresa mixta Fluvialba International Limited para efectuar actividades relacionadas con la navegación marítima y fluvial, especialmente en la Hidrovía Paraná-Paraguay, a través de una serie de empresas distribuidas en Argentina, Brasil y Paraguay.

Entre los antecedentes principales, el documento al que accedió este medio reveló que desde el año 2017 debido a las consecuencias directas e indirectas de las "medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela", la filial y sus empresas mixtas (Fluvialba y Petrolero del Cono Sur) se vieron drásticamente afectadas desde el punto de vista financiero, legal, comercial y operativo. Esto derivó en cese de operaciones y además la imposibilidad de generar y recibir fondos insuficientes para el pago de obligaciones, deberes impositivos, laborales y contractuales.

Desde el año 2017, según el informe presentado a la Comisión, las embarcaciones fluviales del grupo FIL se encuentran en su mayoría en estado de obsolescencia operacional. De igual manera, desde el año 2019 las 11 estaciones de servicios propiedad de PCSA en Argentina está paradas sin efectuar ningún tipo de operaciones.

Tanto PDVSA Argentina como sus empresas mixtas fueron demandadas en jurisdicciones de Argentina, Brasil y Paraguay en diferentes fueros con solicitudes de embargos, quiebras, subastas, y remate de activos por carácter laboral e impositivas.

En agosto de 2022 se acordaron algunos puntos clave, como por ejemplo la solicitud de recursos por un monto de más de U$S 5 millones para el pago de deudas de más de 161 trabajadores despedidos de PDVSA Argentina y sus empresas mixtas; y la venta de 11 estaciones de servicio propiedad de PCSA para cancelar deudas, contingencias judiciales y pasivos fiscales y laborales, y para la recuperación de la planta de Almacenamiento de Dock Sud.

Según pudo saber este medio, hoy los activos de la compañía ascienden a un total de más de U$S 64 millones, mientras que los pasivos superan los U$S 50 millones.

No obstante, la falta de liquidez siguió siendo un factor crítico para la petrolera en Argentina. Tampoco ha podido contar con los recursos financieros para el pago de conceptos de deudas acumuladas de Seguridad Social ante la AFIP desde el año 2017 por un monto de más de U$S 4.5 millones.

Por el momento, detalló el documento, sólo pudo implementar un préstamo de la filial PDVSA Bolivia por un monto de U$S 760 mil para efectuar el pago de gastos corrientes de la filial. Sin embargo, de este total se han tenido que utilizar aproximadamente U$S 200 mil para atender sentencias de quiebra.

El documento resalta, finalmente, la importancia de iniciar un proceso de disolución y liquidación y que el mismo sea ejecutado y controlado por la misma PDVSA. "Ya que en caso contrario, si un juzgado decreta la quiebra por falta de pago de una sentencia, esto causaría la intervención inmediata de las empresas y posteriormente los activos serán rematados a precios muy inferiores con un detrimento que podría llegar al 50% de su valor original".

El autor publicó este artículo en www.mejorenergia.com.ar


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