Economía avanza en el desarme gradual del Plan Gas

El Ministerio de Economía avanza en el desarme gradual del Plan Gas.Ar y redefine el rol del Estado en los mercados de gas y electricidad. La apuesta: contratos privados, señales de mercado y un regreso a la lógica de los ’90, con riesgos en el camino.

El Gobierno dio un paso decisivo en su estrategia de reconfiguración del sector energético. A través de una batería de resoluciones de la Secretaría de Energía (400/25, 501/25 y 606/25), el Ministerio de Economía inició el desarme progresivo del Plan Gas.Ar, el esquema que desde 2020 garantizó precios, volúmenes e inversiones en la producción de gas natural.

El objetivo es explícito: reducir la intermediación estatal y avanzar hacia mercados competitivos, con compraventas directas entre privados, tanto en gas como en electricidad. Un giro que, según advierte Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú y del IGP-UBA, implica una transición compleja, cargada de incentivos, pero también de riesgos sistémicos.

“La lógica de fondo es dejar atrás el mercado administrado y volver a un esquema contractual descentralizado, muy similar al de los años ’90”, señala Carbajales en su último informe de coyuntura. Sin embargo, aclara que el proceso no es inmediato ni abrupto: el Plan Gas.Ar seguirá formalmente vigente hasta diciembre de 2028, con un horizonte de plena descentralización recién en enero de 2029.

Gas y electricidad: el mismo giro, distintos tiempos
El nuevo esquema plantea que la compra de gas natural, tanto para el consumo residencial como para su uso en generación eléctrica, quede en manos de las distribuidoras y generadoras, mediante contratos libremente pactados con los productores. El Estado deja de ser el gran comprador y garante, rol que hasta ahora cumplían ENARSA y CAMMESA.

En el mercado eléctrico, la llamada “normalización” del MEM introduce señales marginalistas y busca fortalecer el Mercado a Término (MAT). Pero hay una condición clave: sin gas competitivo, no hay mercado eléctrico competitivo. Por eso, la regulación gasífera se vuelve determinante para la calidad de las señales de precio que emergen en electricidad.

La Resolución 501/25 es central en este punto, al habilitar el retiro de volúmenes del Plan Gas.Ar para generación térmica, articulando ambos mercados y permitiendo una apertura gradual sin romper la continuidad operativa del sistema. Tres carriles de gas y una transición compleja
Durante esta etapa convivirán tres vías de abastecimiento: gas del Plan Gas.Ar (“GN Acuerdo”), gas retirado del plan para contratos bilaterales y gas propio negociado directamente por los generadores. A esto se suman combustibles alternativos y restricciones de transporte, lo que convierte al sistema en un entramado regulatorio intenso, con múltiples declaraciones, tolerancias y microdecisiones operativas.

El esquema tiene ventajas: fomenta la integración entre productores y generadores, acelera el aprendizaje en la gestión propia del combustible y abre la puerta a mayor competencia frente al gas administrado. Pero también expone riesgos relevantes.

Entre ellos, Carbajales destaca la selección adversa: si los mejores volúmenes y perfiles de gas migran a contratos privados, el gas remanente del Plan Gas.Ar puede encarecerse y trasladar costos al sistema. También aparecen desafíos en la coordinación entre contratos y despacho eléctrico, ya que no existe prioridad automática por retirar gas: si un generador no es competitivo, simplemente no será despachado.

El verdadero quiebre: la Resolución 606
El cambio más profundo llega con la Resolución 606/25, que avanza directamente sobre la estructura contractual del Plan Gas.Ar. A diferencia de las normas previas, que ordenan la transición operativa, esta resolución desmonta la intermediación estatal y promueve, mediante incentivos, el regreso voluntario a relaciones bilaterales entre productores y distribuidoras.

“El Plan Gas deja de ser un mercado administrado y pasa a funcionar como un esquema transitorio de garantías”, explica Carbajales. La medida refuerza la coherencia del proceso iniciado con el DNU 70/2023 y la Ley Bases, pero traslada riesgos comerciales, financieros y operativos al sector privado, sin el amortiguador que antes brindaban las empresas estatales.

Además, la eliminación de obligaciones de inversión e inyección industrial facilita adhesiones, pero debilita los mecanismos de disciplina que aportaban previsibilidad al sistema.

Ideología, mercado y abastecimiento
Para el analista, la motivación de fondo es ideológica: consolidar un rol subsidiario del Estado y retirar su presencia directa de los mercados energéticos. Sin embargo, advierte que los incentivos actuales podrían derivar en menores niveles de inversión futura, menor producción comprometida y, paradójicamente, mayor presión fiscal si el Estado debe volver a intervenir ante desequilibrios.

Hoy, el riesgo inmediato parece acotado: buena parte de la inversión gasífera descansa en el gas asociado y en una “burbuja inversora” sostenida por precios spot extremadamente bajos. Pero el desafío es estructural.

“El éxito de la salida del Plan Gas dependerá de la capacidad institucional para coordinar la transición, garantizar transparencia y corregir desvíos a tiempo”, concluye Carbajales. El equilibrio es delicado: avanzar hacia mercados libres sin poner en riesgo el abastecimiento, la previsibilidad de precios ni la estabilidad del sistema energético.

Nota: Artículo publicado por Daniel Barneda en El Economista.