Emilio Apud

“Maximizar la renta petrolera en lugar de privilegiar el abastecimiento del mercado interno me parece acertado”

El ex secretario de Energía y Minería de la Nación y ex director de YPF, hizo un breve análisis sobre las modificaciones en el nuevo modelo de la política energética que busca implementar el gobierno de Javier Milei.

El tan mentado proyecto de Ley Ómnibus busca introducir importantes cambios en materia de política económica. En este sentido, el sector energético no ha sido la excepción y aún siguen las repercusiones frente a las nuevas medidas todas ellas basadas en la premisa de promover la iniciativa privada limitando toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales.

"En general estoy de acuerdo con los cambios introducidos. Las medidas que incorpora la política energética de Milei, significan cambios inexorables para reencauzar al sector luego de veinte años de maniobras intervencionistas al límite de la legalidad que lo inhibieron de poner en valor sus recursos de escala global", señaló el ingeniero Emilio Apud, ex secretario de Energía y Minería de la Nación.

Sobre el capítulo de hidrocaburos, sostuvo que "es bueno que no se hayan modificado los derechos de exportación vigentes". Además consideró positiva la modificación de la Ley de Hidrocarburos abandonando la vieja fórmula de privilegiar el abastecimiento al mercado interno por la de maximización de la renta petrolera.

"Fue necesaria en época de escasez , pero no tiene sentido alguno en la de abundancia debido a la irrupción de los shale, en particular Vaca Muerta y las exigencias de la transición energética", afirmó.

Y agregó: "Se introduce consecuentemente el concepto de maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país sustituyendo al perimido autoabastecimiento".

No obstante se mostró en desacuerdo con que el Poder Ejecutivo Nacional reglamente las exportaciones de gas natural. "El objetivo debería ser el incentivo de las exportaciones de gas a todo el mundo, no solo a nuestros vecinos, ya que se trata de un recurso abundante que excede en mucho las necesidades de abastecimiento interno y, como dije antes, la ventana de oportunidad para exportar está acotada en el tiempo. Las reglamentación, significan trabas burocráticas que desalientan las inversiones", advirtió.

Entre las cuestiones más interesantes destacó la idea de unificación de los Entes Reguladores del Gas y la Electricidad que reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), creado por el artículo 54 de la Ley N° 24.065, y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), creado por el artículo 50 de la Ley N° 24.076.

"Otro cambio significativo- apuntó- es el que faculta al PEN hasta el 31 de diciembre de 2025 a crear, modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que los integran y en el control al momento de su implementación y aplicación".

Y remarcó como dato clave la desmonopolización de los servicios de distribución eléctrica en todo el país incluyendo la libre elección de proveedores a los usuarios finales (modalidad desarrollada en la Unión Europea) y el despacho de energía conforme el costo marginal horario del sistema.

"Se establece la libre comercialización, competencia y ampliación de los mercados de energía eléctrica, especialmente la libre elección de proveedor de energía eléctrica a los usuarios finales. El despacho económico para las transacciones de energía sobre una base de remuneración en el costo económico horario del sistema, teniendo en cuenta el costo marginal horario del sistema y el costo que represente para la comunidad la energía no suministrada", explicó.

Entre los aspectos aún no resueltos del nuevo marco normativo, Apud sostuvo que "se omite la propuesta de renegociación del Plan Gas que tiene vigencia hasta el 2028. Es un acuerdo entre los productores y las distribuidoras de gas (neutras en la compraventa de gas natural) delineado por el gobierno anterior para fijar un precio del gas en dólares".

Al respecto aclaró que "no incluye cláusula alguna que ajuste el precio según variaciones de mercado; no fue discutido en una Audiencia Pública (requisito ineludible de la Ley 24.076) ni aprobado su traslado a las facturas finales por parte del ENARGAS".

También cuestionó que el proyecto de ley prevé la desmonopolización de la distribución eléctrica, pero excluye, inexplicablemente, la distribución de gas natural. "Estos últimos usuarios también tendrían que tener el derecho de comprar el gas natural al proveedor que les resulte más conveniente", comentó.

Por último, el ex funcionario se mostró en contra de privatizar algo que no es necesario como ENARSA. "Debe cerrarse en el menor plazo posible", concluyó.

Nota: Artículo publicado por Daniel Barneda en Mejor Energia.